“Si no va a hacer nada en contra de la voluntad del pueblo, entonces la alcaidía no debe ser construida en Río Seco. No queremos cárcel en el pueblo. Exigimos que se edifique una escuela”. Esta fue la respuesta que brindaron ayer los vecinos autoconvocados de Río Seco a los dichos del gobernador Osvaldo Jaldo en relación a la protesta que vienen protagonizando contra el proyecto oficial de instalación de una alcaidía en el viejo edificio de la ex Escuela Técnica.

Alcaidía en Río Seco: “Nada contra la comunidad”

“Este es un gobierno que escucha y dialoga. Agotaremos el diálogo y las instancias, porque lo que se quiere hacer en cuanto a inversiones, tiene que ver con algo que no se hizo durante mucho tiempo y que se encuadra dentro de una política carcelaria”, había dicho Jaldo tras se consultado por la problemática. Al referirse específicamente a la reacción de los pobladores de Río Seco al proyecto de la alcaidía, el actual titular del Poder Ejecutivo, aseguró: “no haremos nada en contra de la voluntad de la gente”.

Oposición a una alcaidía en Río Seco: “No vamos a permitir que se baje ni un ladrillo”

Hernán Bazán, uno de los voceros de los autoconvocados, al dar a conocer la respuesta a las declaraciones del gobernador insistió en que en esa comunidad “más que una cárcel necesitamos un establecimiento educativo”. “Desde hace años que un poblador de aquí no cae tras las rejas. O sea que un centro de reclusión carece de interés aquí. Pero en cambio tenemos a numerosos chicos que no pudieron ingresar a la escuela secundaria porque está saturada al funcionar en un edificio reducido y que comparte con la primaria Manuel Quintana”, precisó Bazán. El vecino insistió en que la voluntad del pueblo es que se respete la decisión del fallecido comerciante Miguel Chalom, que había donado el inmueble (en el que funcionó un supermercado de su propiedad) con fines educativos.

No cesa el rechazo a la alcaidía en Río Seco

En medio de la polémica, la gente señaló directamente a la comisionada comunal Carmen Alejandro de ser responsable del conflicto que se desató en esa comunidad al dar el aval en forma inconsulta con los vecinos al proyecto ahora resistido. La funcionaria sin embargo lo niega, aseguró que nunca fue informada de la iniciativa y dijo que incluso aún desconoce los pormenores del mismo. En declaraciones a LA GACETA aseguró que en realidad se trataba de una “megacomisaría” y no de una cárcel. Y afirmó que en caso de que se tratase efectivamente de un centro de detención “sería la primera en oponerme”.

En Río Seco mantienen el rechazo a la construcción de la alcaidía

En acampe

Los vecinos permanecen desde hace más de dos semanas acampando frente al establecimiento donado por Chalom con el fin de evitar cualquier intento de inicio de la obra. Ahí se turnan día y noche. Los autoconvocados prevén intensificar la movilización que tienen en marcha con la distribución en la ruta 38 de panfletos con explicaciones sobre la razones de su oposición a la construcción de la alcaidía. A fin de evitar trastornos en el tránsito la entrega de los papeles a los automovilistas se hará en el semáforo ubicado en el acceso al pueblo en momento en que estos deban detenerse. El miércoles recibieron la visita de Ariel Vizcarra, un enviado del gobernador Jaldo que escuchó los distintos planteos. El emisario les adelantó que en los próximos días iban a disponer de las documentaciones vinculadas a la construcción del centro de reclusión. Les habló, según contaron los vecinos, de una obra amplia, moderna y sin ningún riesgo de fuga. En la ocasión los pobladores formalizaron un pedido de audiencia al gobernador Osvaldo Jaldo. Una comitiva vecinal podría ser recibida en los próximos días por el primer mandatario. En principio solo tienen confirmada para hoy una audiencia con el Defensor del Pueblo Eduardo Cobos. Al parecer el encuentro solo servirá para que se les informe sobre algunas gestiones que realiza ese organismo acerca de sus reclamos. Y esperan recibir precisiones sobre las razones que llevaron a la suspensión de la mesa de diálogo, conformada por pobladores y representantes del gobierno, que fue impulsada por la Defensoría con el fin de lograr una salida al conflicto. Hasta ahora apenas tuvo dos encuentros.